AL PIE DE LA LETRA
Raymundo Jiménez
Este martes 15, Alex Saab, un empresario petrolero de origen colombiano que de 2024 a
2026 fue ministro de Industria y Producción Nacional de Venezuela con el presidente
Nicolás Maduro, se declaró culpable de lavado de dinero en Estados Unidos tras lograr un
acuerdo con la Fiscalía para reducir una posible sentencia máxima de 20 años de prisión.
Según el pacto escrito de 12 páginas, Saab accedió a “dar información completa” a las
autoridades estadounidenses en la que implica a “altos funcionarios de Venezuela”. Sin
embargo, el presunto testaferro del depuesto mandatario chavista no menciona a Maduro,
quien permanece preso en Nueva York acusado de narcotráfico.
En el documento, publicado horas después de que Saab se declarara culpable de
conspiración para lavado de dinero en una corte en Miami, Florida, el acusado aceptó que
“acordó lavar dinero y cometer fraude” con “altos miembros del Gobierno de Venezuela”,
incluyendo dos sospechosos cuyas identidades no fueron reveladas por la Fiscalía.
A cambio, el empresario de 54 años accedió a “cooperar plenamente” con el Departamento
de Justicia (DOJ) con “la aportación de información y testimonio veraces y completos, y la
entrega de documentos, registros y otras pruebas” en “cualquier juicio o proceso” judicial
que pida el Gobierno.
“El procesado acuerda que no protegerá a ninguna persona o entidad mediante información
falsa u omisión, que no implicará falsamente a ninguna persona o entidad, y que no
cometerá ningún otro delito”, establece el pacto de Saab, quien primero se había declarado
“no culpable” el 24 de julio pasado.
En su declaración de culpabilidad, Saab reconoció que, en 2015, cuando Maduro era
presidente, organizó con “altos funcionarios del Gobierno” un “esquema ilegal” con
“sobornos” y “pagos ilegales” del programa público venezolano Comité Local de
Abastecimiento y Producción (CLAP), con transferencias de dinero al sur de Florida.
Este documento nombra a Álvaro Pulido Vargas, José Gregorio Vielma Mora, Emmanuel
Enrique Rubio González y Carlos Rolando Lizcano, pero también menciona a “coacusado
1” y “coacusado 3”, dos sospechosos que la Fiscalía no identificó de manera pública.
Casualmente, a mediados de febrero de 2022, en Miami, Florida, la DEA y el FBI
desclasificaron documentos judiciales sobre este multimillonario sudamericano que el
gobierno de EU consideraba el principal testaferro de Maduro, bajo cuya protección realizó
jugosos negocios que se basaban en un esquema que intercambiaba petróleo venezolano por
alimentos producidos en México y se disfrazaron como acuerdos de “ayuda humanitaria”.
Y, en esta trama se involucró a Segalmex –la empresa estatal creada a principios del
sexenio pasado para sustituir a la Conasupo–, que de 2019 a 2022 dirigió el ex priista
Ignacio Ovalle Fernández, quien fue el primer jefe del ex presidente Andrés Manuel López
Obrador en el Instituto Nacional Indigenista (INI), entre 1976 y 1982.
Noticias Caracol, de Colombia, reveló el 25 de octubre de 2021 que el FBI realizaba una
investigación sobre las despensas alimenticias que una empresa de Saab importaba de
México para beneficiar a más de 5 millones de familias venezolanas.
El reportaje consignaba que los CLAP (Comité Local de Abastecimiento y Producción),
creados en abril de 2016 y administrados por algunos militares jubilados adeptos al régimen
de Maduro señalados por sus nexos con el narcotráfico y tráfico de combustible, eran
usados para enviar cargamentos de cocaína de Venezuela a México y blanquear sus
ganancias ilegales; que aeronaves adscritas a la Aviación Militar Bolivariana partían de la
Base Aérea de La Carlota, en Venezuela, rumbo a Veracruz, donde la carga de cocaína era
descargada y reemplazada por las cajas con alimentos en mal estado o caducados, y que
luego estos mismos aviones aterrizaban de vuelta en Puerto Cabello y La Guaira, en
territorio venezolano.
Los investigadores encontraron también empresas en México que fueron suplantadas como
supuestas proveedoras de toneladas de leche en polvo, que en realidad nunca se negociaron
con Venezuela.
Una investigación que la reportera Verónica Ayala realizó para la organización civil
Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, identificó entre 2019 y 2020 ocho
empresas mexicanas asentadas en Nuevo León, Baja California, Zacatecas, Veracruz,
Guanajuato y la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. Estas empresas utilizaron una
estructura de al menos 13 importadoras creadas en Honk Kong, Panamá, Uruguay y las
Islas Vírgenes Británicas para enviar alimentos a Venezuela por un monto de 64 millones
de dólares, equivalentes a 1,200 millones de pesos, según registros del comercio exterior.
No era algo nuevo, esa estructura de importadoras sustituyó a las que habían venido
manejando operadores financieros del chavismo, como Alex Saab y Samark López Bello,
operadores financieros de Maduro. Y es que entre 2016 y 2018, antes de la administración
del ex presidente López Obrador, dos empresas ligadas a Saab –Group Grand Limited y
Asasi Food–, y una atribuida a López Bello –Postar Intertrade–, habían intervenido en la
compra de alimentos a 10 empresas mexicanas con valor cercano a los 700 millones de
dólares, para los llamados CLAP.
Estos y otros casos ocurridos durante el obradorato los conoció y les dio seguimiento el
entonces senador republicano de origen cubano Marco Rubio, actual secretario de Estado,
quien ayer, al extender una felicitación por el 216 aniversario de la Independencia de
México, publicó que “tenemos mucho más trabajo que realizar juntos. Estados Unidos está
comprometido con un México seguro, libre y próspero, que pueda seguir siendo un socio
fundamental en las décadas venideras”. Pero el operador político de la Casa Blanca sostuvo
que, durante mucho tiempo, ambos países vecinos han enfrentado una “epidemia” de
crimen organizado transnacional y narcoterrorismo, además de una migración masiva sin
control.
“Los mexicanos viven con miedo en sus hogares, y el veneno que se introduce de
contrabando a través de nuestra frontera es responsable de la muerte de cientos de miles de
estadounidenses”, señaló.
Para combatir estos problemas, afirmó, el Presidente Donald Trump ha impulsado
esfuerzos de colaboración con México para “debilitar y desmantelar agresivamente a los
grupos narcoterroristas que han intentado mantener al país como rehén de sus caprichos
criminales”.
El funcionario destacó que la seguridad de México tiene un impacto directo en Estados
Unidos por la cercanía geográfica entre ambos países.
En ese contexto, afirmó que las Administraciones de México y Estados Unidos inauguraron
un nuevo capítulo de cooperación para atender asuntos de seguridad y fortalecer los
vínculos comerciales.
Por su parte, en un documento entregado al Congreso de EU, el Presidente Trump urgió
también a México a desenmascarar, detener y enjuiciar a los funcionarios públicos que han
ayudado a los cárteles.
En la Determinación presidencial para el año fiscal 2027 respecto a los principales países
en el tránsito de drogas o en la producción de drogas ilícitas, el mandatario republicano
afirmó que “México debe adoptar medidas adicionales contra las organizaciones
narcoterroristas que dominan amplias zonas de su territorio y siguen amenazando al pueblo
estadounidense”, según indica el documento.
Recomendó que “México debe reforzar la integridad de la cadena de suministro solicitando
una mayor participación del sector privado y aumentando significativamente las
inspecciones en sus puertos de entrada”.
Además, señaló que “las inversiones actuales de México en sus fuerzas de seguridad son
insuficientes para mantener y ampliar sus campañas contra los narcoterroristas, sus finanzas
y sus redes delictivas. Esto incluye desenmascarar, detener y enjuiciar a los numerosos
funcionarios públicos corruptos que han ayudado y sido cómplices de los carteles y han
traicionado la seguridad y la soberanía de su propio país”.
Trump dijo reconocer al Gobierno de la Presidenta mexicana Claudia Sheinbaum
“por incautar mayores volúmenes de drogas, desmantelar laboratorios clandestinos y
desplegar recursos adicionales de las fuerzas del orden y del ejército en nuestra frontera
común”. Además, indicó que “la cooperación en materia de seguridad entre Estados Unidos
y México ha contribuido a eliminar a algunos de los jefes de carteles más notorios del
mundo, entre ellos ‘El Mencho’”. Sin embargo, agregó que México debe hacer “mucho más
para detener la circulación de drogas mortales que llegan a nuestro país”.
Pero ayer, ante las presiones de Estados Unidos en materia de seguridad y combate al
narcotráfico, la Presidenta Claudia Sheinbaum, al encabezar el Desfile Cívico Militar por el
216 aniversario del inicio de la Independencia, centró su discurso en la defensa de la
soberanía y recordó las intervenciones extranjeras que enfrentó nuestro país durante el siglo
XIX.
“El 16 de septiembre, Día de la Independencia, es la memoria viva de México. Significa
siempre mantener la frente en alto y gritar a los cuatro vientos que México no será nunca
colonia ni protectorado de nadie. ¡México no se doblega, no se arrodilla y México nunca se
vende!”, afirmó.
El mensaje se registra después de que el Gobierno de Sheinbaum ha enfrentado
cuestionamientos de funcionarios estadounidenses sobre los resultados de México contra
los cárteles y planteamientos sobre posibles acciones contra organizaciones criminales, ante
los cuales la mandataria mexicana ha rechazado cualquier intervención extranjera.
El pasado 10 de septiembre, luego de que el Secretario de Estado estadounidense, Marco
Rubio, afirmó que los esfuerzos mexicanos contra los cárteles no eran suficientes,
Sheinbaum pidió que México no fuera utilizado en la campaña electoral de ese país y
reiteró que la coordinación bilateral tiene como límite la soberanía.
