Prosa aprisa.
Arturo Reyes Isidoro.
Aparte la fiesta política (según como la considere uno) que vive Veracruz, este
viernes inicia en Xalapa otra gran fiesta: la Feria Internacional del Libro
Universitario 2024, en el foro Miguel Vélez Arceo de la Casa del Lago. La
inauguración será a partir de las 5 de la tarde.
Este año tiene una característica especial: también se desarrollarán actividades en
las subsedes: Veracruz-Boca del Río, Orizaba-Córdoba, Poza Rica-Tuxpan y
Coatzacoalcos-Minatitlán. Les dejo el enlace del programa de actividades:
Hace 20 años, a solo 13 días de la toma de posesión del nuevo gobernador, el 17
de noviembre de 2004, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación (TEPJF) confirmó la declaratoria de validez de la elección de
gobernador que daba el triunfo a Fidel Herrera Beltrán.
En aquel año, Fidel estaba tan seguro de que iba a ganar que anunció que
enseguida al día de la elección recorrería de nuevo el estado para dar las gracias
al electorado. No contaba con que el PAN y la coalición Unidos por Veracruz iban a
impugnar el resultado y a presentar juicios de revisión constitucionales. Nunca hizo
el recorrido que había anunciado y apenas si le dio tiempo de llegar corriendo a
rendir protesta.
El candidato opositor entonces, Gerardo Buganza Salmerón, estaba seguro que
había ganado. Con el paso de los años me lo dijo en forma personal y me mostró
los voluminosos expedientes que tiene con las que asegura son las pruebas de su
triunfo. Finalmente, el presidente Felipe Calderón habría negociado su derrota con
el dirigente nacional del PRI, Roberto Madrazo Pintado, y solo así ganó Fidel.
Lo que quiero significar es la relevancia que tiene la autoridad electoral federal,
que este año puede tener otra resolución decisiva que determine quién es el nuevo
gobernador del estado.
En el frente opositor, sin caer en triunfalismos anticipados, hasta donde el
columnista tiene información, están seguros que van a ganar y no ven que vaya
haber necesidad de llegar a los tribunales electorales para defender su victoria,
pero tampoco lo descartan.
En el caso del estado, desde la precampaña, y ya ni se diga en la campaña, es
decir, en los tiempos legales, Morena y sus candidatos violan un día sí y otro
también la ley electoral y lo hacen en forma abierta, sin ningún recato,
seguramente porque están seguros que van a ganar y que los va a cubrir un manto
de impunidad.
En la oposición ya ha habido una que otra denuncia por la intromisión del gobierno
del estado y de algunos ayuntamientos, pero nada parece preocupar a los
morenistas. Las violaciones todo mundo las ha visto y las ve. Hay videos, fotos,
audios, testimonios personales, documentos que, llegado el momento, van a
sepultar a la candidata a gobernadora, aun si ganara la elección en las urnas.
Ahora está tan cerrada la competencia y aunque la oposición ve venir el triunfo, si
no gana por un amplio margen, el gobierno y su candidata van a impugnar. Caso
contrario, también. Con todas las pruebas que existen y la condenan, no se ve
cómo van a retener la gubernatura.
Creo que el más cuidadoso es el presidente López Obrador. Viene a hacer
campaña con el pretexto de supervisar obras. El gobernador ha sido menos
aseado, pero, además, es responsable porque ha permitido que funcionarios de su
gobierno se metan en forma directa y además despilfarren recursos.
El columnista tiene un dato, en poder de la oposición, que habla de la desfachatez
con que el gobierno está actuando porque cree que nadie se da cuenta. Por
ejemplo, hasta ayer tenían pintadas 17,000 mil bardas en todo el estado con las
leyendas Vota todo Morena y Rocío Nahle gobernadora. El OPLE cuantifica cada
barda en 700 pesos, por lo que se está hablando de propaganda por 11 millones
900 mil pesos. Los opositores tienen los datos de la ubicación de cada barda y
testimonios de que las mandó pintar la agrupación Unidos Todos, del
exsubsecretario de Finanzas, Eleazar Guerrero Pérez. Se deberán de sumar a los
gastos de campaña de Nahle.
Ayer circularon también ampliamente en las redes sociales fotografías del
secretario de Gobierno, Carlos Alberto Juárez Gil, enfundado en un chaleco de
Morena, operando con brigadas de ese partido, haciendo campaña con
simpatizantes de la candidata Guadalupe Tapia, de Boca del Río. Pero lo mismo
circulan imágenes de otros funcionarios.
En los medios y en las redes sociales se han publicado videos y fotografías de
camionetas y personal de los ayuntamientos apoyando campañas de Claudia
Sheinbaum y Rocío Nahle, así como a alcaldes y regidores en actos de campaña
en horarios y días laborales. Está documentado que personal educativo deja de
dar clases para asistir a mítines, pero lo mismo pasa con empleados de varias
dependencias del gobierno. Son muchas las irregularidades.
Hay la creencia de que los funcionarios hacen campaña en forma abierta porque
están desesperados, ya que ven venir la derrota de su partido.
Sin duda, desestiman a los órganos electorales. Habría motivo para ello, porque
hay la terrible sospecha, casi llegando a la seguridad, de que lo mismo en el OPLE
que en el Tribunal Electoral de Veracruz, la mayoría de sus integrantes están al
servicio del gobierno. Tampoco es una novedad que siempre que hay
impugnaciones fallan a favor de los candidatos oficiales. Gozan, en forma
merecida, de un gran descrédito.
Por eso es que la oposición recurre luego a los tribunales federales, donde son
decentes o más decentes. Luego de que el presidente López Obrador los quiere
desaparecer como organismos autónomos, no creo que sus integrantes vayan a
tener alguna consideración con Nahle, si el resultado de la elección llega a su
instancia. El panorama entonces, por donde se le vea, lo tienen complicado.
Con tiempo, Marlon advierte: saquen las manos del proceso
Pero pasa luego que los jefes embarcan a sus subalternos o a sus empleados,
esto es, que hacen firmar a ellos documentos con órdenes o instrucciones para
llevar acciones que violan la ley electoral, y al final son los que pagan las
consecuencias. Como dice el dicho, la reata se revienta por lo más delgado.
Por eso me llamó la atención una declaración que hizo el diputado local Marlon
Ramírez Marín al medio Sigüenza Comunica, del compañero Luis Sigüenza, en
donde está recomendando a funcionarios menores, del gobierno estatal y del
federal, que se deslinden a tiempo y no dejen que los utilicen como carne de cañón
para realizar actividades, que saquen las manos del proceso electoral, porque si
gana la oposición pueden sufrir sanciones hasta de tipo penal.
Comentó que personal del gobierno le ha llamado, o que le han enviado mensajes
con información, o bien que lo han buscado para entregársela, personas que, dijo,
no están de acuerdo con lo que se está haciendo, y aprovechó para recordarles
que al cambio de gobierno hay un proceso de entrega-recepción, cuando se piden
y rinden cuentas y se hace una compulsa de documentos oficiales con los que la
oposición reúne y tiene ahora, y no deben salir dañados.
Expresó que están a tiempo de denunciar las malas acciones a las que los obligan,
que incluso se deben asesorar con abogados, contadores, personal administrativo
con experiencia, para no ponerse en riesgo.
Tiene razón. Los jefes luego se lavan las manos y se van tranquilamente. Durante
muchos sexenios, viví adentro cambios de gobierno y sé que Marlon está en lo
correcto. Tan está en lo correcto que, por ejemplo, ya tuve el testimonio directo de
que en Tránsito del Estado andan como locos porque no saben cómo van a
cuadrar sus cifras, ya que sus jefes además de desviar recursos para las
campañas, han robado mucho.
Del domingo que viene en tres más, estaremos ante las urnas. Tiempo suficiente
para determinar, sin alguna duda, el sentido de nuestro voto.