Punto de Vista
Filiberto Vargas Rodríguez
Prefacio.
El tema revivió apenas esta semana. El periodista Víctor Hugo Arteaga,
reconocido en Veracruz por haber exhibido enormes estructuras de corrupción en
gobiernos pasados, publicó en la revista Forbes (versión México) que la
exalcaldesa de Alvarado, Lizzette Álvarez Vera, figura en investigaciones que
mantiene abiertas el gobierno de Estados Unidos. *** “Aunque Lizzette Álvarez
Vera no ha sido acusada por autoridad alguna de participar en la muerte de (la
cantante) Jenni Rivera, hay cosas en su historia que merecen la atención. Ahora
que cientos de posibles candidatos a puestos de elección popular tienen la
atención de las autoridades de Estados Unidos, existe una conexión familiar con
aquella tragedia que inevitablemente vuelve a colocar bajo los reflectores una
historia extraordinaria”, comenta el periodista. *** El periodista explica que
Alessandro Torres Álvarez (hijo de la exalcaldesa de Alvarado) era el copiloto del
Learjet 25 en el que murió Jenni Rivera la madrugada del 9 de diciembre de 2012.
*** Alessandro Torres tenía en ese entonces apenas 20 años y viajaba junto al
capitán Miguel Pérez Soto, de 78 años. “Minutos después de despegar de
Monterrey rumbo a Toluca, el avión desapareció del radar y terminó destruido en la
Sierra Madre Oriental. Murieron todos sus ocupantes”. *** El artículo nos lleva a la
familia del joven copiloto: “Alessandro era hijo de Lizzette Álvarez Vera y Mariano
Torres Herrera, un supuesto empresario pesquero de Alvarado, Veracruz (…)
Menos de dos años después de la muerte de su hijo, Mariano Torres desapareció.
El 8 de agosto de 2014, un grupo de hombres armados irrumpió en su
embarcación y se lo llevó. Nunca regresó. Hasta hoy su destino permanece
desconocido”. *** Y después se refiere a lo sucedido con Lizzette Álvarez: “Ganó
la presidencia municipal de Alvarado encabezando la coalición integrada por
Morena, PVEM y PT, pero cuando apenas comenzaba su administración ocurrió
algo que hoy adquiere nuevamente relevancia. El entonces gobernador de
Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, declaró públicamente que existía una
investigación contra la alcaldesa, de sus partidos aliados, por su probable
responsabilidad en reuniones con personas vinculadas con la delincuencia
organizada”. *** Lo realmente trascendente de este caso es que Lizzette Álvarez
pretende reincorporarse a la vida política y busca la candidatura (una vez más de
la alianza Morena-PT-Verde) por el Distrito XVII local, que comprende los
municipios de Alvarado (cabecera), Atoyac, Camarón de Tejeda, Carrillo Puerto,
Cotaxtla, Cuitláhuac, Ignacio de la Llave, Paso del Macho, Soledad de Doblado y
Tlalixcoyan. *** Sus pretensiones, sin embargo, chocan con una circunstancia
especial: desde el gobierno de México y desde el comité nacional de Morena, se
ha girado la instrucción de no avalar candidaturas que pudiesen involucrar al
movimiento (la 4T) en escenarios delictivos. *** Antes de pensar en alcanzar
nuevas posiciones en el ámbito electoral, Lizzette Álvarez tendría que limpiar su
hoja de vida.
Aquí se anticipó desde el pasado lunes: el tema de Veracruz que más ocupa en el
gabinete de seguridad nacional, por encima de la misteriosa muerte del diputado
federal Zenyazen Escobar, es el ataque contra policías federales en el municipio
de Omealca, que dejó como saldo dos agentes fallecidos y una herida.
La mañana de este martes, durante la conferencia de prensa de la presidente
Claudia Sheinbaum, el titular de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García
Harfuch, se refirió a ese caso y lo advirtió: “La muerte de nuestros compañeros no
quedará impune. Las investigaciones y las acciones operativas continúan para
encontrar a todos los responsables”.
A todos los responsables, dijo y eso incluye no sólo a los autores materiales, sino
a quienes pudieron haber “filtrado” información sobre el operativo.
“Finalmente, quiero mencionar un operativo realizado en Veracruz, donde
lamentablemente dos compañeros de esta Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana perdieron la vida en cumplimiento del deber. Ellos realizaban labores
de investigación para identificar y desarticular células delictivas dedicadas al
secuestro y extorsión, y localizar a dos personas que habían sido privadas de la
libertad momentos antes del operativo. Durante esta misión fueron cobardemente
agredidos y una compañera resultó herida”, narró García Harfuch.
“Tras la agresión, inmediatamente llegaron en apoyo la Secretaría de la Defensa
Nacional, la Secretaría de Marina, junto con las autoridades de Veracruz y
Oaxaca, y desplegaron un operativo para localizar y detener a los responsables.
Como parte de estas acciones se ubicaron vehículos relacionados con el ataque y
varios indicios que son recabados por la Fiscalía General de la República”, dijo.
Finalmente informó que las personas que se encontraban privadas de la libertad
fueron localizadas y rescatadas, y pudieron regresar sanas y salvas con sus
familias.
En el gabinete de seguridad nacional se tiene claro que en el estado de Veracruz
han estado ganando terreno organizaciones criminales que hasta hace algunos
años limitaban sus acciones a regiones muy limitadas. Entienden que eso sólo lo
han podido conseguir con la connivencia de las corporaciones de seguridad del
estado.
La caída de estos dos elementos de la policía federal sería el argumento que
necesitaba Omar García Harfuch para irrumpir con toda su fuerza en la estructura
policiaca estatal.
La mala yerba hay que arrancarla desde la raíz, o de lo contrario no sólo
permanece, sino que se extiende.
Epílogo.
Este martes trascendió que la Comisión Permanente de Hacienda del Estado del
Congreso de Veracruz dio su aval para que se otorgue una ampliación de 100
millones de pesos al presupuesto de la Fiscalía General del Estado (FGE),
“recursos que se destinarían a cubrir necesidades operativas, reforzar servicios
periciales y rehabilitar instalaciones”. *** Es absurdo. Lo único que tendría que
hacer el gobierno estatal es asignarle a ese ente autónomo el presupuesto que en
derecho le corresponde. *** El artículo 67, fracción primera, segundo párrafo de la
Constitución local establece que el organismo autónomo denominado “Fiscalía
General” contará para su estricto cumplimiento con “una autonomía
presupuestaria que podrá ser mayor pero no menor al 1.5% del total del
presupuesto general del Estado”. *** De manera tramposa, durante la
administración de Cuitláhuac García y por sugerencia de su secretario de
Finanzas, José Luis Lima, se incorporó un párrafo a la Constitución local (artículo
71, fracción segunda) que golpea directamente a los órganos autónomos: “En el
caso de órganos, organismos autónomos del Estado o entes públicos a los que
esta Constitución o las leyes les asignen porcentajes específicos del presupuesto
general del Estado, la base para su cálculo será el total de los ingresos de libre
disposición”. *** Por supuesto que eso disminuye de manera dramática los
recursos para la Fiscalía, el Poder Judicial y la Universidad Veracruzana.
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