Punto de Vista.
Filiberto Vargas Rodríguez.
Prefacio.
De manera sorpresiva (como deben ser los operativos policiacos), personal de
la Fiscalía General del Estado (FGE) ejecutó las órdenes de aprehensión giradas
contra 13 elementos de la policía estatal, señalados como presuntos responsables
del delito de desaparición forzada. *** No se trata de un mismo caso. Los policías
enfrentan acusaciones relacionadas con varias carpetas que se abrieron para dar
con el paradero de personas reportadas como desaparecidas. *** Se puede decir
que fue una operación “limpia”. Los elementos de la Policía Ministerial acudieron a
la Academia de Policía de El Lencero, donde los detenidos y muchos otros
policías estatales fueron concentrados. *** La información que aporta la Fiscalía
sobre estos casos es bastante escueta, pues no puede aportar los nombres
completos de los detenidos, pero tampoco de sus presuntas víctimas. *** Lo que
se sabe es que dos de los uniformados, identificados como José Manuel «N» y
José Rosalino «N» estarían involucrados en la desaparición de tres personas. ***
Martín de Jesús «N», Benjamín «N», Francisco «N», Sandra Anayeli «N», Alfredo Irán
«N», Óscar «N», Luis Gerardo «N», Miguel Ángel «N», Adriana Yamilet «N» y Juan
Daniel «N» son acusados de participar en la desaparición de otras dos víctimas. ***
Andrés «N» enfrenta una acusación individual por la desaparición de una persona.
*** Llama la atención que esta acción se haya tomado apenas dos semanas
después de que Rocío Nahle y su equipo de colaboradores se hicieran cargo de la
administración estatal. *** La Fiscalía no es una de las instancias que se renuevan
con la llegada de otro gobierno y se ha insistido en que los días de la titular,
Verónica Hernández, al frente de ese organismo, estarían contados. *** Pareciera
que le está ofreciendo a la gobernadora “carnita” para que refuerce su discurso de
combate a la corrupción y a la impunidad, con el afán de que le permitan
permanecer en el cargo. *** Ya se verá.
De pronto surge la duda: ¿el amparo concedido por un tribunal colegiado a Marcos
Even torres Zamudio, ex titular de la Fiscalía Anticorrupción estaba incluido en los
acuerdos de la familia Yunes (la de El Estero) con Morena?
Marcos Even Torres es un abogado muy cercano a la familia Yunes (la de El
Estero). Fue, además, mentor de Jorge Winckler Ortiz, a la postre fiscal general
del estado en el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares.
A la llegada de Cuitláhuac García al gobierno estatal se inició una cacería contra
las figuras más prominentes en materia de procuración de justicia. Además de
Jorge Winckler y de Marcos Even Torres, se tramitó orden de aprehensión contra
Luis Eduardo Coronel Gamboa.
A partir del expediente 296/2019, todos ellos fueron requeridos por la justicia local,
acusados por su presunta participación en el delito de privación ilegal de la libertad
en su modalidad de secuestro.
En enero del 2020 el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en materia Mixta resolvió
el Juicio de Amparo 882/2019 y ordenó al Juez de Control Luis Roberto Juárez
López “dejar sin efectos” una orden de aprehensión girada contra de Marcos Even
Torres Zamudio el 14 de septiembre de 2019, por su supuesta participación en el
delito contra la procuración de justicia y en cohecho.
Este lunes, mientras tanto, Marcos Even Torres consiguió revertir una orden de
aprehensión en su contra por los delitos de secuestro y desaparición forzada, tras
obtener un amparo de un Tribunal Colegiado en Materia Penal.
El fallo se emitió debido a ¡irregularidades procesales detectadas en el
procedimiento llevado a cabo por autoridades judiciales de Veracruz”.
El Tribunal, integrado por José Saturnino Suero Alva, María Elena Leguízamo
Ferrer y Eduardo Josué Martínez Maldonado, determinó que se vulneraron
principios procesales fundamentales, entre ellos el de oralidad y la omisión de
analizar la necesidad de cautela para justificar la medida.
En septiembre del 2019, Flor Valverde, esposa de Marcos Even Torres, aseguró
que su esposo temía por su vida debido a la persecución que enfrentaba y porque
abrió investigaciones en contra de exservidores públicos que “están aliados con
los morenos”, aunque advirtió que su esposo no cedería a presiones ni haría “algo
en contra de la ley para perjudicar a alguien que ninguna responsabilidad tenga”.
En una carta dirigida a la opinión pública, la esposa de Torres Zamudio aseguró
que en un día le abrieron a su esposo una carpeta por cohecho, por la que
promovió amparo y le fue concedido.
“Esto les ha causado honda molestia, así que le integraron la carpeta en tan solo
un día, contra él y otras personas, por el delito de secuestro, respecto del cual, por
tener prisión preventiva oficiosa, la suspensión no le opera y puede ser detenido”,
explicaba Flor Valverde.
En realidad, Winckler, Torres Zamudio y Coronel fueron víctimas de prácticas muy
similares a las que ellos utilizaron contra servidores públicos de la administración
de Javier Duarte. En ambos casos, su problema fue que no lograron construir
casos sólidos y todos sus objetivos terminaron librando la cárcel.
“Karma”, le llaman algunos.
Por lo pronto, los que fungieron como carniceros hasta hace unas cuantas
semanas, ya se deben estar quitando los mandiles, porque pasarán a convertirse
en reses.
Epílogo.
El dirigente estatal del PRI, Adolfo Ramírez Arana, salió a respaldar la iniciativa
que presentó su dirigente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, para que se
eliminen las comisiones que cobran los bancos. *** “Se necesita un marco
normativo que garantice su transparencia y equidad para evitar abusos en el
manejo de los recursos de los mexicanos; el cobro de comisiones bancarias afecta
la economía familiar y a la población con menos ingresos”, afirmó Ramírez Arana.
*** En momentos en los que se cuestiona el desempeño de la titular de la Fiscalía
General del Estado, Verónica Hernández, ya algunos se pusieron a revisar el
desempeño de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, instancia
que apenas judicializó el 5 por ciento de sus investigaciones. *** El Observatorio
Ciudadano Anticorrupción apunta que, durante 2023, la Fiscalía Anticorrupción
recibió más de 90 nuevos casos, lo que colocó a sus agentes entre los más
saturados del país, a razón de un agente por cada 150 nuevos casos. *** Cada
policía ministerial asignado a esta fiscalía tuvo que atender, en promedio, 226
carpetas de investigación. *** ¿Así quieren abatir la corrupción?
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