Punto de Vista
Filiberto Vargas Rodríguez
Prefacio.
Rocío Nahle insiste: todos los días, a primera hora, se reúne con representantes
de las fuerzas de seguridad estatales y federales, para atender las prioridades en
esa materia. Alguien se lo tiene que decir: de nada han servido esas
desmañanadas. *** La violencia sigue sin freno en la entidad. La tan presumida
“coordinación” entre la policía estatal y las fuerzas federales (Ejército, Marina y
Guardia Nacional) no ha conseguido poner orden, ya no en toda la entidad: al
menos en la zona norte, donde los grupos criminales se disputan el territorio sin
importarles que les lleven más y más elementos para combatirlos. *** En Poza
Rica, Tuxpan, Álamo, Papantla y Coxquihui, hay territorios sin ley. Las
organizaciones delictivas extorsionan, secuestran y asesinan sin que haya
corporación que los detenga. ¿De verdad esperan que la población confíe en las
acciones del gobierno? *** Más grave es el tema cuando se suma el ingrediente
político. Este lunes Jésica Luna Aguilera, quien fuera candidata del Partido del
Trabajo (PT) a la presidencia municipal de Yanga, fue asesinada a balazos cuando
viajaba en su camioneta, muy cerca de la escuela primaria «Benito Juárez», en la
localidad de Potrero Nuevo, en Atoyac. *** Sujetos armados la interceptaron y
dispararon en su contra. En su afán por evadir el ataque, Jésica Luna perdió el
control del vehículo y chocó con la barda de la escuela. *** “A ver si la próxima
semana traigo al secretario de Seguridad Pública (Alfonso Reyes Garcés) para
que responda a sus preguntas”, prometió este lunes la gobernadora.
Bien lo advertía Benjamín Franklin: “Es mejor acostarse sin cenar que levantarse
con deudas”.
Por más que lo maquille la gobernadora Rocío Nahle, por más que hable de
“disciplina financiera” o que se refiera a “economías” en el gasto público, lo cierto
es que las arcas del estado están vacías.
Sin decirlo con todas sus letras, el propio secretario de Gobierno, Ricardo Ahued,
admite que no hay dinero para atender los compromisos que tiene la
administración estatal.
La semana pasada se llegó al extremo de utilizar a la fuerza pública (esa que no
ha logrado pacificar el norte de la entidad) para desalojar de la calle a una decena
de ancianos que reclamaban -con toda justicia- el pago de su seguro institucional,
ese que ellos pagaron durante toda su etapa productiva y que ahora el gobierno
estatal les escamotea.
Para que nos demos una idea del tamaño de ese compromiso, Ricardo Ahued
apuntó que cerca de 1,900 millones de pesos que correspondían a ese seguro
institucional de maestros jubilados y pensionados fueron “desviados” en pasadas
administraciones, esto es, que la Secretaría de Finanzas “los ocupó para otra
cosa”.
Lo dijo sin el menor rubor:
“Es un problema de varias administraciones, son 900 personas las que están
reclamando el pago del seguro; sin embargo, les quitaron del salario el recurso, se
fue a la licuadora y nunca se los integraron para el seguro”.
Grave, muy grave. Más aún si no ha habido noticia alguna de que se haya
denunciado tal saqueo: ¿quiénes desviaron ese recurso? ¿En qué lo utilizaron?
¿Qué ha hecho la actual administración para recuperarlo?
Este mismo lunes el secretario de Finanzas, Miguel Santiago Reyes, negó que se
hubieran recuperado más de 22 mil millones de pesos, producto de sentencias
favorables en juicios iniciados por el órgano de fiscalización.
“El recurso no está depositado ni en Sefiplan ni en ninguna otra dependencia. Lo
que existe son juicios en curso con posibilidad de recuperación, pero no hay un
solo peso ingresado. Se trata de procesos que pueden durar de 10 a 15 años”.
¿Hay algún juicio para recuperar lo que le fue robado a los maestros jubilados?
¿Se debe entender, entonces, que los empleados del gobierno estatal no deberían
confiar en ningún mecanismo financiero que les ofrezca el gobierno estatal, pues
más tarde les pueden salir con que “el dinero fue desviado” y ellos pierden su
patrimonio?
Se les olvida a la gobernadora y a sus subalternos que esos compromisos no
fueron de Javier Duarte, Miguel Ángel Yunes o Cuitláhuac García. Fueron
compromisos del gobierno del estado de Veracruz y, al estar ellos al frente, deben
responder por cada centavo que se deba.
¡Qué fácil es recurrir al tolete de la policía antimotines, en lugar de buscar solución
a justas demandas de los veracruzanos!
Epílogo.
Rechaza Rocío Nahle que en el municipio de Oteapan (municipio que colinda con
Chinameca, Cosoleacaque, Zaragoza y Jáltipan) estén operando “autodefensas”.
Aclara que sólo es “una comunidad que se organiza”, para atender “temas de
seguridad y convivencia”. *** Alguno de sus asesores le tendría que explicar qué
es un grupo de autodefensa. Un ensayo presentado por la UNAM menciona que
se trata de “civiles organizados con el fin de procurarse una seguridad que el
Estado no ha sido capaz de ofrecerles ante los ataques de la delincuencia
organizada”. *** Justo lo mismo que describió la propia Rocío Nahle, quien dice
conocerlos y saber que “acostumbran a coordinarse para atender temas de
seguridad”. *** Está clara la razón por la que la gobernadora se niega a reconocer
la existencia de grupos de autodefensa: significaría admitir algo que cada día es
más evidente, que su gobierno está fallando en la responsabilidad de garantizar la
seguridad de los ciudadanos.
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