Por Miguel Ángel Cristiani G.
En política, la confianza es importante; en el servicio público, nunca debe ser suficiente.
Cuando un gobernador sale a respaldar públicamente a uno de sus principales
colaboradores, el mensaje político es claro: el funcionario no está solo y cuenta con todo el
respaldo del poder. Sin embargo, tratándose de un tema tan delicado como las presuntas
irregularidades en las notarías públicas, la confianza personal debe traducirse en resultados
verificables, no únicamente en declaraciones de respaldo.
La gobernadora Rocío Nahle afirmó que Ricardo Ahued es «un secretario serio, que no se
presta ni a hacer comparsa de los cárteles ni de gente que simula». Son palabras de enorme
peso político porque colocan al secretario de Gobierno como el principal responsable de
conducir una de las tareas más sensibles de la actual administración: limpiar un sistema
notarial que durante décadas acumuló denuncias, sospechas y expedientes que pocas veces
llegaron hasta sus últimas consecuencias.
No es un secreto que el notariado veracruzano ha vivido largos periodos donde la cercanía
política pesó más que el mérito profesional. Durante diversos gobiernos, las notarías fueron
utilizadas como premios de fin de sexenio, cuotas de poder o recompensas para operadores
políticos. Ese modelo convirtió una institución diseñada para brindar certeza jurídica en un
espacio donde, en demasiadas ocasiones, la discrecionalidad sustituyó a la legalidad.
Por eso resulta relevante que el Gobierno del Estado anuncie el cierre de tres notarías y
mantenga abiertas nuevas revisiones. La medida envía una señal de que existe disposición
para revisar procedimientos que durante años permanecieron intocables. Pero la verdadera
prueba apenas comienza.
Cerrar notarías genera impacto mediático; acreditar jurídicamente las irregularidades y
sancionar a los responsables representa el verdadero desafío. La ciudadanía necesita
conocer cuáles fueron las inconsistencias detectadas, qué procedimientos administrativos o
penales se iniciaron y cuáles serán las consecuencias legales. De otra manera, el combate a
las irregularidades corre el riesgo de convertirse en un ejercicio de comunicación política
más que en una política pública de rendición de cuentas.
La defensa del patrimonio de los ciudadanos merece mucho más que discursos. Cada
escritura irregular puede representar el ahorro de toda una vida; cada operación fraudulenta
puede significar el despojo de una vivienda, un terreno o un negocio familiar. Detrás de
cada expediente existen personas que depositaron su confianza en instituciones que estaban
obligadas a brindarles certeza jurídica.
También es acertado que la gobernadora advierta que no permitirá que grupos interesados
aprovechen estos procesos para obtener beneficios indebidos. En un estado con fuerte
polarización política y permanentes disputas por el poder local, siempre existe el riesgo de
que investigaciones legítimas sean utilizadas como instrumentos de presión o de ajuste de
cuentas. Precisamente por ello, la mejor garantía contra cualquier sospecha es la
transparencia absoluta.
Ricardo Ahued llega a esta responsabilidad con una reputación pública construida durante
décadas. Su trayectoria política le ha permitido conservar una imagen de funcionario
prudente, institucional y alejado de los escándalos que con frecuencia acompañan la vida
pública. Sin embargo, el prestigio personal tampoco sustituye la obligación de rendir
cuentas. En el servicio público, las biografías ayudan; los resultados son los que finalmente
califican.
El reto tampoco termina en las notarías. La depuración institucional debe extenderse a los
registros públicos, catastros, oficinas de desarrollo urbano y todas aquellas áreas donde se
generan derechos patrimoniales. La corrupción inmobiliaria rara vez actúa sola; suele
operar mediante cadenas completas de complicidades administrativas que permiten
legalizar actos irregulares bajo la apariencia de absoluta normalidad.
La sociedad veracruzana observa con expectativa este proceso porque durante demasiado
tiempo escuchó promesas similares sin conocer desenlaces contundentes. Hoy existe una
oportunidad para demostrar que el combate a las irregularidades no distingue apellidos,
influencias políticas ni antiguas lealtades.
