Punto de Vista
Filiberto Vargas Rodríguez
Prefacio.
Ya no basta con un “estamos investigando”: ya no es suficiente con un par de
cateos y la detención -y “siembra” de evidencias- de personas a las que pretenden
imputar. *** El gremio periodístico en Veracruz no quita el dedo del renglón:
Roxana Guzmpan debe aparecer y lo debe hacer viva. Ya estamos en la segunda
semana desde su secuestro y la Fiscalía de Veracruz no ha sido capaz de resolver
el caso. *** Este miércoles la organización Artículo 19, dedicada a la defensa del
ejercicio periodístico y de la libertad de expresión, emitió un comunicado en el que
conmina a las autoridades tanto estatales como federales, como la FGE Veracruz,
la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad Pública de
Veracruz y la Guardia Nacional a “mantener los procesos de búsqueda activos en
conjunto con las comisiones de búsqueda tanto estatal como federal”, y urge a la
Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) y al
Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas a “mantener su
coordinación para la continua implementación de medidas de protección para la
familia de la periodista”. *** En su recuento de los hechos, Artículo 19 advierte
que, a pesar de que Fiscalía de Veracruz informó el mismo día que tuvo
conocimiento de los hechos e inició una carpeta de investigación, el gobierno del
estado de Veracruz no hizo mención pública sino hasta dos días después. *** “Las
autoridades estatales señalaron que realizan diligencias para su localización. A
pesar del despliegue policial y ministerial, hasta el momento la FGE no ha emitido
ninguna actualización favorable sobre la localización de Roxana”. *** En las horas
posteriores al secuestro, en redes sociales se desató una lluvia de historias que
cuestionaban la integridad de la víctima. Ante el rechazo unánime del gremio, esas
publicaciones cesaron. *** Se sabe de algunos cateos, de la detención de algunas
personas, pero también quedó en evidencia el desaseo con el que actuaron los
elementos de la Policía Ministerial. *** Lo quiera, o no, admitir, la búsqueda y
hallazgo de Roxana Guzmán es fundamental para calificar el interés de la
gobernadora Rocío Nahle en la protección a los periodistas y el respeto a la
libertad de expresión. Por casos similares crucificaron a Javier Duarte.
En otros tiempos, antes de la reforma judicial, era común que desde una oscura
oficina del Tribunal Superior de Justicia se comunicaran con los jueces distribuidos
en toda la entidad. Sin rodeos, de manera directa, el juzgador recibía instrucciones
sobre determinados casos que estaban bajo su tutela.
En el sexenio de Cuitláhuac García, luego de que desde palacio de gobierno se
operó la expulsión de la magistrada Sofía Martínez Huerta, muchas de las
instrucciones que recibían los jueces iban en el sentido de respaldar las
imputaciones que presentaba la fiscalía estatal, sin importar si no estaban bien
sustentadas.
Quienes recibían esas instrucciones y las acataban fueron conocidos como “los
jueces de consigna”.
En septiembre del año pasado, en este mismo espacio, se hizo referencia a esas
prácticas que atentaban contra los principios fundamentales de la impartición de
justicia.
Aquí se revivieron pasajes oscuros:
“… los jueces no atienden instrucciones directas del gobernador. Es más: ni
siquiera son órdenes que emita la propia magistrada presidente. Para eso Aurelia
Jiménez ocupa a sus dos colaboradores más cercanos: David Cardeña Ortega, su
secretario particular, y Víctor Priego López, secretario de Acuerdos del Consejo de
la Judicatura, el mismo que ‘le puso un cuatro’ a la jueza Angélica Sánchez, al
citarla en su oficina para que pudiera ser detenida por elementos de la policía
estatal”.
Y se recordó otro momento vergonzoso para el Poder Judicial. A propósito de un
escándalo provocado por el juez de control Mario Armando Aran López en Tuxpan,
se advirtió:
“El tema pudo quedar en las páginas de escándalos de la sociedad tuxpeña, pero
en todas las crónicas que se manejaron sobre ese hecho se puso especial énfasis
en la ‘cercanísima’ relación del juez de marras con las más altas esferas del Poder
Judicial del Estado (PJE). No sólo -dicen- es protegido de la magistrada presidente
Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, sino que goza de la amistad (hay quienes
sugieren que complicidad) del secretario particular de esa funcionaria, David
Cardeña Ortega, y del secretario de acuerdos del Consejo de la Judicatura estatal,
Víctor Priego López”.
Bueno, pues la mala noticia es que las cosas no cambiaron con la reforma judicial.
Hoy no es David Cardeña -reubicado en la Dirección de Asuntos Jurídicos- sino
Víctor Priego López, quien desde su posición de integrante del Órgano de
Administración Judicial mantiene el control de los jueces de la entidad.
Hay testimonios de abogados litigantes que se han topado con posturas
intransigentes de los juzgadores y han podido constatar que las resoluciones se
negocian en Xalapa, desde donde sale la “línea” para definir el sentido de las
sentencias.
Quienes conocen desde hace tiempo a Víctor Priego recuerdan que escaló
posiciones a partir de su cercanía con la actual diputada local Dorheny García
Cayetano, cuando ella se desempeñaba como secretaria del Trabajo y más
adelante logró ubicarse en el Poder Judicial de Veracruz, donde encontró una
“mina de oro”.
Su problema ahora es que la gobernadora Rocío Nahle giró instrucciones para
que se investigaran -y se llegara al fondo – los recurrentes fraudes que realizan
servidores públicos en colusión con jueces y notarios, en lo que se conoce como
“cártel inmobiliario”.
Muchas de esas fraudulentas negociaciones tienen un origen bien definido y se
ubica en una oficina del Poder Judicial del Estado.
Hay expedientes muy bien detallados de funcionarios del Poder Judicial, jueces,
secretarios de acuerdos, notarios y corredores inmobiliarios. Muy pronto
empezarán a rodar cabezas.
Epílogo.
Por más que lo pretendan esconder con cifras maquilladas, la violencia en
Veracruz sigue sin freno, las autoridades poco pueden -o quieren- hacer al
respecto. *** La madrugada de este miércoles, en Yanga, un abogado fue
asesinado a balazos mientras asistía a un velorio. *** La víctima, identificada como
Leopoldo Lara, de 42 años de edad, acompañaba a familiares y amigos cuando
varios sujetos le dispararon en repetidas ocasiones y se dieron a la fuga. ***
Yanga es un municipio sin ley. La Policía Municipal carece de armamento y la
presencia de la corporación estatal es escasa y esporádica. Como ese municipio
hay muchos más en Veracruz, un paraíso para los grupos criminales.
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