Miguel Ángel Cristiani G.
Dice la sabiduría popular que el que nada debe, nada teme. Aunque en la política
veracruzana parece haber quienes prefieren aplicar otra máxima: mientras unos revisan las
cuentas, otros hacen las maletas.
Tal es el caso de Néstor Sosa Peña, exalcalde de Chontla, quien llegó al poder bajo las
siglas del PRI y posteriormente encontró acomodo en Morena, como si cambiar de camiseta
partidista fuera suficiente para dejar atrás las responsabilidades de su administración
municipal.
Y mientras en Chontla se revisan las cuentas públicas, el exalcalde parece disfrutar de una
agenda turística bastante más atractiva que la de los auditores. En sus redes sociales ha
compartido fotografías de sus recorridos por Jerusalén, Tierra Santa y París, ciudades que
seguramente ofrecen paisajes muy distintos a los expedientes de fiscalización que dejó
pendientes en Veracruz.
El detalle es que, mientras posa frente a monumentos europeos, en su municipio siguen
apareciendo observaciones por el manejo de recursos públicos.
De acuerdo con los informes de fiscalización correspondientes a la Cuenta Pública 2025, la
Auditoría Superior de la Federación señaló un monto de 83 millones 314 mil 950.78 pesos,
debido a que no se presentó documentación contable, presupuestal ni comprobatoria
suficiente para acreditar el destino de recursos federales.
Por su parte, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS) determinó un
presunto daño patrimonial de 5 millones 813 mil 463.78 pesos.
Entre las observaciones figuran obras inconclusas, trabajos pagados que no fueron
ejecutados, deficiencias constructivas y servicios de supervisión cuyo cumplimiento no
pudo acreditarse.
La suma de ambos señalamientos supera los 89 millones de pesos.
Naturalmente, las observaciones de auditoría no equivalen por sí mismas a una sentencia
condenatoria. Corresponde a las autoridades competentes investigar, determinar
responsabilidades y, en su caso, exigir la recuperación de los recursos públicos.
Pero precisamente por eso resulta indispensable que las cuentas se aclaren y que nadie
pretenda convertir la afiliación política en una especie de salvoconducto.
La gobernadora Rocío Nahle García lo expresó este lunes con motivo de la detención de
una regidora de Tierra Blanca, también militante de Morena.
Su mensaje fue contundente: la justicia debe aplicarse sin distingo de partidos o siglas; en
Veracruz, nadie está por encima de la ley.
Una declaración que debería ser escuchada con atención por quienes creen que las
credenciales partidistas sirven para protegerse de las responsabilidades públicas.
Incluso Esteban Ramírez Zepeta, dirigente estatal de Morena, parece haber querido
transmitir esa misma idea, aunque recientemente, durante un discurso en el Museo de
Antropología, las palabras no terminaran de acomodarse en el orden esperado.
Lo cierto es que Néstor Sosa Peña, quien gobernó Chontla durante el periodo 2022-2025,
tendrá que responder por las observaciones que correspondan a su administración,
independientemente de dónde milite actualmente o de las fotografías que publique desde
París.
Porque los recursos públicos no son propiedad de los alcaldes, ni de sus partidos, ni de sus
grupos políticos.
Son dinero de los ciudadanos.
Y mientras algunos recorren Europa, en Veracruz hay millones de pesos que todavía
necesitan una explicación.
Como diría Pancho López, el filósofo xalapeño ateniense: cambiar de partido puede
cambiar el color de la camiseta, pero no borra las cuentas pendientes.
