AL PIE DE LA LETRA
Raymundo Jiménez
La semana antepasada, el ex gobernador Javier Duarte ya tenía listo su equipaje para
abandonar la celda de Reclusorio Norte de la Ciudad de México donde permanece desde
julio de 2017 tras su extradición de Guatemala. Además, el ex mandatario veracruzano se
había despedido de algunos internos con los que había convivido, a los que inclusive
obsequió parte de sus objetos personales.
Sin embargo, luego de más de una hora de audiencia, Ángela Zamorano Herrera, jueza de
control con sede en el Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, decidió
rechazar la petición de libertad anticipada del ex gobernador al considerar que no cumplía
con los requisitos de ley para obtener este beneficio, por lo que, a pesar de los alegatos de la
defensa, determinó que Duarte de Ochoa debía concluir los cinco meses restantes de su
condena por asociación delictuosa y lavado de dinero, que son los delitos originales por los
que se le extraditó de Guatemala, donde había permanecido alrededor de nueve meses
escondido en el poblado turístico de Panajachel.
La jueza consideró que el ex mandatario expulsado del PRI no acreditó haber cumplido con
un programa de actividades culturales, recreativas, educativas y deportivas para lograr su
readaptación social y que además existía un proceso penal abierto en su contra por
desaparición forzada, argumentando que no importaba la modalidad por la que Duarte está
vinculado a este proceso –que fue por obstaculizar presuntamente una investigación–, pues
apuntó que dicho delito merece prisión preventiva oficiosa, lo que impedía concederle el
beneficio de libertad anticipada.
Y aunque el abogado Pablo Campuzano, defensor de Javier Duarte, insistió en que este
caso por desaparición forzada ya fue cancelado porque uno de los testigos fue torturado,
por lo que anunció que apelaría esta resolución, la jueza Zamorano puntualizó que aún
estaba pendiente una impugnación presentada por la Fiscalía General del Estado de
Veracruz.
Pero, ahora, el ex mandatario veracruzano fue notificado que el gobierno de Guatemala
autorizó a la justicia mexicana la facultad de imputar más acusaciones en su contra, y que la
Fiscalía General de la República (FGR) ya judicializó una nueva carpeta relacionada con
presuntos desvíos de recursos federales durante su gestión, de diciembre de 2010 a octubre
de 2016.
El expediente contra Duarte de Ochoa se judicializó hace una semana, antes de que
Alejandro Gertz Manero renunciara a la FGR, y se fijó fecha para la celebración de la
audiencia inicial; sin embargo, la defensa del ex mandatario estatal no acudió a la diligencia
e informó que su cliente se encontraba enfermo de covid-19.
La carpeta se integró a partir de las denuncias que la FGR recibió desde 2016 relacionadas
con desvíos de recursos federales destinados, entre otras actividades, a la adquisición de
insumos en materia de salud y obras públicas, según revelaron autoridades federales al
diario La Jornada.
Las fuentes consultadas por el diario capitalino refirieron que desde hace meses el
Ministerio Público federal había solicitado al gobierno de Guatemala la autorización para
agregar cargos a Duarte de Ochoa, ya que el ex gobernador de Veracruz fue extraditado por
la justicia de ese país centroamericano y los acuerdos internacionales establecen que ningún
presunto delincuente que sea entregado bajo las reglas de esa figura jurídica podrá ser
acusado de nuevos delitos en el país que lo reclama sin la aprobación de la justicia de la
nación donde fue detenido.
Duarte debe sentirse traicionado por los gobernantes de la 4T, a los cuales ha apoyado en
sus redes sociales con comentarios que asegura dictar de un teléfono público del reclusorio
a una persona del exterior encargada de publicarlos, pues legalmente tiene prohibido poseer
y usar cualquier dispositivo electrónico. En la sucesión estatal del 2024, por ejemplo,
estuvo muy activo haciendo campaña a favor de la candidata morenista Rocío Nahle, la
“Tía Chío”, como suele llamar a la actual gobernadora de Veracruz.
En cambio, su antecesor y acérrimo enemigo político Miguel Ángel Yunes Linares, quien
públicamente ha difamado al ex presidente Andrés Manuel López Obrador de haber sido
financiado por Duarte cuando gobernaba Veracruz, fue indultado el año pasado junto con
su familia de los presuntos delitos financieros que les imputaban a cambio de que su
primogénito, el senador Miguel Ángel Yunes Márquez, del PAN, le cediera a Morena el
voto 86 que constitucionalmente requería para aprobar la Reforma Judicial.
Yunes Linares no es el único ex gobernador impune encubierto por la 4T. A finales de
octubre pasado reposteó en su cuenta de X, antes Twitter, una publicación de la irreverente
influencer veracruzana Teresa Mendoza, la cual se refirió a los millonarios desfalcos que la
Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó en el último ejercicio fiscal de 2024 en
los gobiernos morenistas de Veracruz y Chiapas, a los cuales se les observó el mayor daño
patrimonial. El ex gobernador veracruzano Cuitláhuac García tiene pendientes de
comprobar más de 1,114 millones de pesos, principalmente en las Secretarías de Salud y de
Educación, mientras que el chiapaneco Rutilio Escandón no logró acreditar el destino de
471 millones 662 mil pesos, en salud, nómina educativa y obras públicas.
“Paradójicamente, ambos ex gobernadores señalados de desfalcos millonarios hoy ocupan
cargos federales: Cuitláhuac García Jiménez, actual funcionario del Centro Nacional de
Control del Gas Natural (CENAGAS). Rutilio Escándon Cadenas, cónsul de México en
Miami”, señaló la influencer jarocha, quien cuatro meses antes había subido el siguiente
mensaje: “Esta cuenta fue diseñada para hacer enojar a gente pendeja. Así que si usted llegó
a ofenderse por una publicación ya sabe por qué”.
SORPRENDE DISCURSO Y
ACTITUD DE ROCÍO NAHLE
No son pocos los críticos de Rocío Nahle que observaron ayer en su comparecencia ante el
Congreso local con motivo de su primer informe de gobierno, un notable viraje en su
discurso y actitud hacia sus adversarios políticos, a los cuales respondió sin evadir ni
alterarse por sus interrogantes y cuestionamientos.
Es cierto que una golondrina no hace verano, pero se le debe reconocer su intento por
construir una mejor comunicación y entendimiento con los representantes populares, tanto
con los diputados como con los alcaldes electos que en enero próximo entrarán en
funciones, comprometiéndose a escucharlos, atenderlos y darles un trato igualitario, sin
importar sus filiaciones partidistas.
“Es buena su crítica”, respondió Nahle a la diputada porteña del PAN, Indira de Jesús
Rosales San Román, quien luego de manifestar en la tribuna que “no voté por usted, al
igual que millones de veracruzanos, pero eso no significa que estemos en su contra”,
remarcó que le deseaba que le fuera
