AL PIE DE LA LETRA
Raymundo Jiménez
En Baja California, el ex gobernador Jaime Bonilla acaba de ser vinculado a proceso penal
por los delitos de peculado, abuso de autoridad y uso ilícito de facultades y atribuciones
cuando gobernó la entidad fronteriza por solo dos años.
El ex morenista y actual comisionado nacional del Partido del Trabajo (PT) fue imputado
por la contratación de la empresa Next Energy para desarrollar una planta de energía solar
en el Valle de Mexicali con un compromiso de pago de 37 mil millones de pesos durante 30
años y, al concluir este plazo con pagos mensuales de 123 millones de pesos hasta el año
2051, la Central Eléctrica pasaría a manos del gobierno estatal, cuando es la Federación la
única con facultades para celebrar este tipo de contratos.
Por esta obra que nunca se construyó, Banca Afirme cobró a la Secretaría de Hacienda 123
millones de pesos en febrero de 2022, por lo que se presentó una denuncia penal contra 14
ex funcionarios de Bonilla y dos directivos del banco.
Hace cuatro años, ante la denuncia penal, Next Energy decidió cancelar el contrato sin
recurrir a la cláusula de pago de 5 mil millones de pesos de compensación por parte del
gobierno. Aun así, la administración de la actual gobernadora morenista Marina del Pilar
Ávila detectó la entrega de 1 mil 300 millones de pesos como inversión inicial de un
proyecto solo de papel.
En Veracruz, durante el bienio del exgobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares
(2016-2018), se gestó otro fraude pero menor fraguado por la empresa NL Technologies
S.A. de C.V., que celebró contratos de asociación público-privado para el servicio de
alumbrado público y renovación de luminarias con al menos 15 de los 212 municipios del
estado.
Sin embargo, ni el ex mandatario de la alianza PAN-PRD ni su sucesor Cuitláhuac García,
de Morena, procedieron penalmente contra los responsables, no obstante que en noviembre
de 2022, al comparecer ante la Comisión de Hacienda de la LXVI Legislatura local con
motivo del cuarto informe de gobierno, el secretario de Finanzas y Planeación, José Luis
Lima Franco, al preguntársele sobre este caso, respondió a los diputados que “se estaba
cometiendo un atraco mayúsculo y debíamos actuar”, aunque contradictoriamente admitió
que la empresa de Monterrey, Nuevo León, seguía cobrando por los servicios que de forma
irregular había dejado de prestar, orillando a los ayuntamientos a pagar doble por el
consumo de la energía eléctrica obligados por los contratos desventajosos.
“Los tiempos de complicidad con los corruptos terminaron”, afirmó cínicamente Lima
Franco, quien presumió que dieron seguimiento a las acciones legales y denuncias
realizadas por las autoridades municipales contra la empresa regiomontana para detener el
“fraude”.
El funcionario comentó que “ahora a los municipios de Medellín, Tuxpan y Poza Rica ya
no se les descuentan sus participaciones que iban de manera directa a esta empresa” y que
“NL Technologies dejará de recibir más de 640 millones de pesos que podrán ser invertidos
en obras para beneficio de la gente”.
El viernes 13 de mayo de ese mismo año, en una reunión con alcaldes defraudados, el
gobernador Cuitláhuac García había instruido a la Sefiplan a suspender los descuentos que
durante más de cuatro años se les venían haciendo de sus participaciones federales a los
municipios por esos contratos, lo que ya desde 2020 los ediles habían solicitado a la
administración estatal de Morena.
Lo que los asesores financieros de esos ediles propusieron no era cancelar sino suspender la
transferencia de recursos, ya que consideraban que esa era la única manera de sentar a
negociar a la empresa de Monterrey, misma sobre la que una semana antes el gobernador
García Jiménez declaró que había “desaparecido”.
Casualmente, después de esta reunión del Ejecutivo estatal con funcionarios de la Sefiplan
y los alcaldes de Tuxpan, Medellín, Chontla, Ozuluama e Ixhuacán de los Reyes, entre
otros, apareció Carlos Manuel Knight Crespo, dueño y representante legal de NL
Technologies, quien al día siguiente filtró al portal alcalorpolitico.com dos cartas que desde
el 9 de mayo había dirigido al mandatario veracruzano y a su secretario de Finanzas.
El empresario aseguraba haberse comunicado oportunamente con el gobierno estatal para
notificarle sobre el cambio de domicilio de NL Technologies y que desde hacía más de un
mes había solicitado una reunión formal con el secretario de Gobierno, Eric Cisneros
Burgos, pero que hasta ese momento no había recibido respuesta del poderoso funcionario
estatal.
En su misiva, Knight señalaba que la reunión que solicitaba tenía el objeto de “exponer
nuestra posición, explicar los alcances del proyecto, y cómo es que nuestra empresa trabaja
con algunos de los municipios del Estado de Veracruz, de igual forma que se nos permita
demostrar que sí hemos pagado los consumos de luz que genera el número de luminarias de
LED instaladas y contratados con nosotros, de igual forma, expresar cuáles han sido los
motivos por los que algunos no se han pagado”.
En otro escrito enviado ese mismo 9 de mayo al titular de la Sefiplan, el empresario hizo
referencia a las declaraciones de Lima Franco, quien había dicho que no descartaba
emprender acciones legales contra la firma, al acusarla de no poner “mucho de su parte”
para resolver el conflicto.
Knight remarcó que NL Technologies S. A. de C. V. no había sido requerida “en ninguna
reunión para tratar temas relacionados con las contrataciones descritas, por parte de la
dependencia a su digno cargo”, por lo que consideró “incorrecta” la expresión del
secretario.
Y advirtió que desconocería cualquier arreglo que pudieran tener con Banca Afirme –la
misma implicada en el caso de la empresa Next Energy para desarrollar una planta de
energía solar en el Valle de Mexicali, proyecto fraudulento que tiene con un pie en la cárcel
al ex gobernador bajacaliforniano Jaime Bonilla–, pues Knigth puntualizó que ésta poseía
exclusivamente el carácter de fiduciaria y no tenía facultades para negociar en nombre de la
empresa regiomontana, lo que seguramente dijo por la reunión que Lima Franco había
sostenido el martes 19 de abril de 2022 en la Ciudad de México con dicho grupo financiero
del magnate muy cercano a la 4T, Julio César Villarreal Guajardo, presidente además de
Grupo Villacero, a la cual asistieron también los alcaldes de Tuxpan, Ozuluama, Chontla y
la síndica de Poza Rica.
Por eso fue que Knight Crespo reviró que era el gobierno estatal y sus funcionarios quienes
estaban evadiendo el encuentro. “No contestan, no dan la cara. Yo sí tengo elementos de
que los hemos invocado y los hemos llamado, pero ellos se esconden porque no tienen
sustento a lo que dicen, nosotros sí”, aseveró.
Sin embargo, desde principios de agosto de 2022, la Subsecretaría de Administración
Tributaria de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León no
había podido localizar el domicilio fiscal de NL Technologies S.A. de C.V., la cual, según
su base de datos estatal del Sistema de Registro de Contribuyentes, no había presentado
tampoco ningún aviso de cambio de situación fiscal.
¿Hubo consecuencias penales en Veracruz? Que se sepa, no. Los principales protagonistas
están blindados: el ex gobernador ex panista Miguel Ángel Yunes Linares es desde
septiembre de 2024 el suplente en el Senado de su hijo primogénito; su sucesor Cuitláhuac
García fue designado en enero de 2025 director general del Centro Nacional de Control del
Gas Natural (Cenagas) y acaba de ser incluido por la revista Petróleo&Energía entre los
100 líderes del sector energético en México, mientras que José Luis Lima Franco, luego de
que la gobernadora Rocío Nahle declinó ratificarlo en diciembre de 2024 como titular de la
Sefiplan, fue nombrado sorpresivamente el viernes 19 de septiembre del año pasado
director general del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas
(Indetec), un organismo del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal cuyos orígenes se
remontan hasta el año de 1973 y que actualmente funciona como Asociación Civil con sede
en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.
