Jesús Castañeda
Es mi pienso
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la mañana de este jueves el proyecto de decreto con el que se reforma la Constitución para incluir la figura de *«intervención extranjera»* como causa de nulidad en las elecciones en México.
La reforma plantea anular una elección si se detecta evidencia de intervención extranjera en un proceso electoral, dejando la tarea de resolver sobre la *«intervención extranjera»* en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, un concepto que la discusión legislativa no se tomó la molestia de acotar y una causal de nulidad sin definición precisa no protegerá la soberanía electoral; la crea como un argumento disponible. Y los argumentos disponibles, en política, se usan cuando le convienen al poder, no cuando se deben usar.
Por ejemplo, en el futbol, el VAR no parece representar un problema. El problema es cuando la cabina de revisión la controla alguien con la camiseta de un equipo. Lo que el público ve desde las gradas —el gol, la jugada, la falta— queda en segundo plano frente a la interpretación de quien maneja el monitor.
La reforma reproduce exactamente esa analogía: una herramienta técnicamente legítima, un criterio políticamente elástico, y un árbitro que no responde a la neutralidad por diseño institucional, sino a la voluntad del que lo nombró.
Y algo más. Para la economía de nuestro país, los flujos de inversión extranjera suelen ser determinantes y se reflejan en el establecimiento de grandes empresas globales. Por lo que la pregunta obligada es: ¿en qué momento la participación legítima de un actor internacional en la vida económica o política de México puede ser reencuadrada como *«intervención»* y usarse para impugnar un resultado? Nadie lo sabe. Y la incertidumbre sobre las reglas es, en sí misma, el riesgo de un alto costo.
En los viejos tiempos del PRI, éste no necesitaba de estas reformas. Su blindaje era silencioso y más brutal: ninguna autoridad externa al partido podía atreverse a anular una elección. Ellos controlaban todo. Hoy Morena legisla desde una posición distinta —controla mucho, pero no todo— y esa diferencia es exactamente la que les hace necesaria la reforma: asegurar el resultado de las elecciones, obviamente a su favor.
Lo que el antecedente priista revela no es que Morena sea peor, sino que *está en una etapa diferente del mismo instinto animal por el poder:* diseñar las reglas para tener el control que les garantice la permanencia.
Y la pregunta obligada a todos los partidos es esta: ¿qué harían ellos con esta reforma en sus manos? Si el PAN, el PRI o MC llegaran al poder con esta causal vigente, ¿la derogarían al día siguiente o la guardarían por si acaso?
Porque lo que esta reforma nos demuestra es que el poder corrompe y aturde la razón de quienes, aun sabiendo que su tiempo es limitado, tratan por todos los medios posibles —legales o no— de mantenerse a costa de lo que sea. Así tengan que acabar aplastando y destruyendo la misma democracia. Porka Miseria.
